El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha anunciado hoy la interposición de un recurso de reposición contra la resolución del expediente de concesión para el aprovechamiento de aguas del embalse de La Colada. La institución provincial fundamenta esta acción legal en lo que considera una vulneración de los principios de proporcionalidad y una injerencia directa en la autonomía provincial.
Fuentes ha calificado el procedimiento de «sinsentido» y ha advertido que, de no prosperar el recurso, la institución acudirá a la vía contencioso-administrativa para defender los intereses de los 80.000 vecinos del norte de la provincia.
Argumentos clave del recurso
El presidente ha desgranado los motivos técnicos y jurídicos que sustentan la impugnación:
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Vulneración de plazos y competencias: Fuentes ha señalado que un Decreto Ley permitía resolver la situación en seis meses por extrema necesidad hídrica sin tramitar la concesión. Además, apunta a la incompetencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para resolver sobre Sierra Boyera, subrayando la falta de un informe preceptivo del Consejo Nacional de Aguas al verse afectadas dos cuencas distintas.
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Indefensión material: El recurso denuncia un «error clamoroso» al no haberse elevado a la Abogacía del Estado el expediente completo con las alegaciones de la Diputación.
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Obras inejecutables: Se alega la imposibilidad de ejecutar las obras de la acometida eléctrica tal como están planteadas, ya que modificarlas vulneraría la Ley de Contratos y obligaría a la resolución del contrato.
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Arbitrariedad técnica: La Diputación critica que se les deniegue el uso de la torre de toma por supuesta «redundancia», mientras que el Plan Hidrológico de la propia Confederación sí recoge dicha infraestructura para abastecer a Almadén.
Defensa de la autonomía provincial
Uno de los puntos más críticos expuestos por Salvador Fuentes es la «injerencia» en las competencias de la Diputación. «Nos dicen qué obras tenemos que hacer de manera unilateral, sin aportar ningún documento técnico y saltándose nuestra autonomía», ha manifestado el dirigente.
Asimismo, ha cuestionado la decisión de convertir las obras en definitivas el 30 de julio de 2025, un año y medio después de las solicitudes iniciales, sin que existan informes técnicos que justifiquen dicho cambio de criterio.
Un objetivo: la conexión de pantanos
El presidente provincial ha concluido reafirmando su compromiso con la zona norte: «Vamos a luchar para que los pantanos de la provincia estén conectados y que 80.000 personas no vuelvan a sufrir el problema de la sequía«. Según la institución, la resolución actual opta por la decisión más gravosa para Córdoba, incurriendo en una arbitrariedad que podría suponer la nulidad de todo el procedimiento.
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