La institución provincial ha atendido a 11.600 personas en situación de dependencia, prestando más de 2,7 millones de horas de asistencia a través de este programa.
La delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba y presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Irene Aguilera, ha presentado el balance del Servicio de Ayuda a Domicilio correspondiente a los primeros seis meses del año. Según los datos facilitados, la institución ha transferido a los ayuntamientos de la provincia un total de 46.047.867,62 euros para la gestión de esta prestación. 
Impacto en la atención y el empleo
Durante este periodo, el servicio ha permitido dar cobertura a 11.600 personas con dependencia reconocida, lo que ha supuesto la ejecución de 2.759.568,59 horas de atención directa. 
Además de la labor asistencial, Aguilera ha destacado el impacto del programa en el mercado laboral provincial. Se estima que durante el primer semestre de 2026 han trabajado 5.200 auxiliares, de las cuales el 90% son mujeres, consolidando el servicio como un motor de empleo femenino en el territorio. La delegada ha subrayado que esta prestación no solo beneficia a los usuarios, sino que sirve de apoyo y «respiro» para las familias cuidadoras.
Incremento de horas y financiación
El informe del primer semestre refleja un aumento en la intensidad de la atención que reciben los usuarios según su grado de dependencia: 
  • Grado I: Se han prestado entre 20 y 37 horas mensuales.
  • Grado II: De 38 a 64 horas mensuales. 
  • Grado III: De 65 a 94 horas mensuales. 

En cuanto a la estructura de financiación, el precio por hora del servicio ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. De los 13 euros por hora que se financiaban inicialmente, el Gobierno andaluz ha aprobado para 2026 un precio de 17,46 euros por hora de prestación. 

Coordinación institucional
La gestión del servicio requiere la colaboración de diversos agentes, incluyendo la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y la propia Diputación a través del IPBS. Aguilera ha remarcado que el objetivo es garantizar la calidad y eficiencia de la prestación, para lo cual resulta imprescindible la coordinación entre las instituciones públicas y las empresas encargadas de realizar el servicio. De esta forma, la Diputación reafirma su apuesta por un modelo que considera el más adecuado para las personas en situación de dependencia.